En las ultimas dos décadas, la reforma de los sistemas de Seguridad Social ha constituido un elemento central de la acción política y del debate social en muchos países de América Latina y del Caribe. La profundidad de las disfunciones existentes en muchos sistemas ha movido al análisis de distintas opciones de reforma y, en la mayoría de los casos, al cuestionamiento de los regimenes tradicionales públicos de reparto y adopción de cambios estructurales con introducción de sistemas de pensiones privados de capitalización.

En el debate acerca de los impactos de las reformas estructurales latinoamericanas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones internacionales han investigado y discutido temas fundamentales como los costos fiscales y formas de financiamiento de la transición hacia los sistemas privados; los impactos sobre los niveles de cobertura y densidad de cotizaciones; el nivel de las comisiones y costos administrativos de las administradoras privadas; la competencia en el mercado asegurador; la regulación y supervisión del sector privado; el impacto sobre el desarrollo del mercado de capitales y los impactos sobre la equidad de género.

En esta discusión la OIT defiende que no existe un modelo idóneo único de seguridad social y cada sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos y el acceso a la asistencia médica. Esta elección reflejará sus valores sociales y culturales, su historia, sus instituciones y su nivel de desarrollo económico. Pero todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En especial, las prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; los regímenes deberían administrarse de forma sana y transparente, con costos administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte participación de los interlocutores sociales.